Los hechos comenzaron tras la inauguración en julio de 2003 del restaurante El Portet, cuando decidió abrir las puertas del local sin ningún tipo de licencia de funcionamiento, ya que no cumplía la normativa de insonorización.
Debido a las denuncias de los vecinos, cinco meses después el Ayuntamiento de la localidad dictó la primera de las tres órdenes de cese de actividad. Un mes después, es decir, en enero de 2004, una serie de inspectores municipales realizaron una prueba sonométrica en las habitaciones donde los vecinos no podían dormir mientras el establecimiento tenía sus puertas abiertas.
Estas órdenes de cese de actividad se vinieron sucediendo durante los meses siguientes, mientras el propietario del restaurante se comprometía una y otra vez a subsanar el problema. Por este motivo, en noviembre de 2004 se decretó el precinto del local, algo que fue de nuevo desoído por su dueño, que decidió romper el precinto y seguir desarrollando su actividad. Pero ahí no queda la cosa, porque los inspectores intentaron volver a precintarlo, pero los empleados del establecimiento consiguieron impedirlo.
Finalmente, el empresario ha sido condenado a cuatro años de cárcel por violar los artículos 325.1 y 326.b) del Código Penal, entre otras cosas, “por la realización directa o indirecta de ruidos o vibraciones con grave perjuicio para la salud de las personas y desobedeciendo las órdenes de las autoridades administrativas”. l RN
