La Federación, que representa al 80% de las empresas de colectividades que operan en España, quiere exponer sus inquietudes a las administraciones públicas para que vean cuál es el problema por el que está atravesando el sector y para que los próximos contratos tengan en cuenta estos incrementos. Sánchez Olavarría asegura que “si las Administraciones Públicas no se muestran receptivas a nuestra demanda de diálogo, tendríamos que dejar de dar de comer”.
Según los datos que maneja Feadrs, el promedio ponderado de la cesta de la compra de las empresas de restauración social se sitúa en el 16,7%, a pesar de haber excluido, por su carácter estacional, frutas, verduras y pescado, algunos de los grupos que han experimentado, según datos del IPC, mayores ascensos.
El aumento del IPC de diciembre de 2007 del 4,2% es notablemente inferior al promedio de la subida de la cesta de la compra del sector de colectividades, lo que dificulta que se repercutan las subidas reales de precios en los contratos (muchos de ellos asociados a este índice), afirma el presidente de Feadrs.
Por otra parte, los responsables de la Federación lamentan que haya un gran número de contratos, especialmente en el sector público, que no contienen cláusula alguna de revisión de precios.
Además, desde la patronal de la restauración colectiva se asegura que la repercusión de la subida de los precios de la materia prima es especialmente preocupante debido a que en el sector está muy extendida la política de adjudicación de los contratos al licitador mas barato sin tener en cuenta la calidad.
La imprevisibilidad de una subida tan importante en los precios de la materia prima, ha provocado que un gran número de los contratos celebrados por las empresas miembros de la Feadrs hayan pasado, en un corto espacio de tiempo, a ser deficitarios para las mismas, según el máximo responsable de la Federación. A su juicio, se ha producido, por tanto, un perjuicio económico desproporcionado,
Los responsables de las empresas de restauración colectiva piden a la Administración pública (responsable de más de la mitad de su volumen de negocio) que, en el momento de abordar la renovación de los contratos para 2008, permita incluir en los mismos cláusulas de revisión, similares a las que se aplican por ejemplo en las pensiones, que les permitan modificar la cuantía de lo percibido por los servicios que ofrecen en función de la evolución del precio de los alimentos.
«Tenemos muchas dificultades para poder repercutir los precios de las materias primas», añade Sánchez Olavarría. Además, indica que los costes suponen entre el 35 y el 40% de los ingresos de estas empresas, que juegan con una media de rentabilidad del 3,5%. l RN
