El incremento de los casos de obesidad y enfermedades crónicas derivadas como la diabetes de tipo II y problemas cardiovasculares ha hecho que los gobiernos de medio mundo estén llevando a cabo medidas con el objetivo de reducir esta lacra.
En España, según los datos de la Encuesta Nacional de la Salud, uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada cuatro menores también lo sufre o está obeso. Por ello, el Gobierno socialista ha redactado un Proyecto de Ley en el que se incluyen una gran variedad de medidas que tienen como objeto proteger al ciudadano en materia alimentaria. “Es una ley para alimentarnos mejor, con más confianza y con más garantías en beneficio directo de nuestra salud”, comenta María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Primera del Gobierno.
El texto incluye numerosas disposiciones para, en palabras de Fernández de la Vega, “asegurar la protección efectiva e integral del derecho a la seguridad alimentaria”. La promoción de hábitos de alimentación saludables que actúen en prevención de enfermedades es otro de los cometidos de esta ley.
Protección infantil
Los centros escolares es una de las áreas de mayor protección de la presente Ley. Entre las disposiciones se encuentra la prohibición de la venta de alimentos y bebidas en el ámbito escolar que no cumplan con una serie de criterios nutricionales que se establecerán reglamentariamente. Esta determinación haría peligrar la existencia de las máquinas expendedoras de comidas y bebidas ubicadas en los colegios e institutos, al menos tal y como hoy están concebidas, por lo que los servicios de vending verían reducidos en un gran porcentaje sus ingresos anuales.
La supervisión de los menús realizada por profesionales acreditados en las áreas de nutrición y dietética, además de la obligación del centro a proporcionar a los padres o tutores información detallada sobre los menús y directrices para que la cena sea complementaria son otras de las premisas que se incluyen en la Ley. La nueva normativa también hace referencia a que los centros educativos que cuenten con las instalaciones necesarias deberán elaborar menús adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.
En materia publicitaria, se prohíbe la utilización de personajes famosos, reales o ficticios, que tengan influencia en los niños y se busca elevar la edad del actual Código PAOS (código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores) de los doce a los catorce años.
La Ley, a su vez, prevé la creación tanto del Observatorio de la Nutrición, que realizará análisis periódicos de la situación nutricional de la población y de las cifras de la obesidad como de una Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad que reforzará la vigilancia en materia alimentaria.
Para conseguir una mayor efectividad, el gobierno pretende exigir a las distintas administraciones que haya una perfecta coordinación, ya que la competencia en el control oficial de los alimentos está transferida a las Comunidades Autónomas y es imprescindible poder conocer en tiempo real cualquier tipo de riesgo o alerta alimentaria.
La industria alimentaria será otro de los sectores afectados si está ley finalmente entra en vigor debido a que se manifiesta la obligación de utilizar tecnologías que minimicen el contenido de las grasas trans en la cadena alimentaria, ya que existen una gran cantidad de estudios que han comprobado sus efectos nocivos en la salud. Por último, se define un sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria para el intercambio de datos entre profesionales. Por último, se hace referencia a la prohibición de discriminación por razón de peso.
El Gobierno, de esta forma, congrega en una sola Ley las diferentes normativas existentes en materia de seguridad alimentaria. Para Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social el proyecto de ley tiene el objetivo de “unificar la legislación sobre alimentos y nutrición para abordar de manera integral la seguridad alimentaria”. JCarlos Morín
