Palos en las ruedas

En el caso de España, lo suyo sería que se aprovechara la ocasión para poner a dieta la mastodóntica estructura de la Administración Pública en nuestro país. Pero como eso son palabras mayores, de momento bastaría con que el sector público dirigiese sus esfuerzos a facilitar la operatividad de las sociedades en un mercado con unas leyes de juego transparentes. Por decirlo de otra manera, que no ponga trabas extras a la actividad empresarial. Esto, que parece de sentido común, se me antoja incompatible con la mentalidad de nuestros gobernantes.
El último ejemplo lo ha puesto sobre la mesa la Generalitat catalana. Esta administración ha anunciado que visitará quinientos bares y restaurantes para comprobar que existan cartas y personal que domine el catalán. Y, cómo no, multará a los establecimientos que no cumplan los deberes lingüísticos.
Es decir, que añade un handicap más a los empresarios a la hora de contratar personal cualificado, amén de incitar al despido de aquellos trabajadores que no cumplan con tan estimados valores. No entro a valorar las legislaciones lingüísticas de las distintas autonomías. Pero ¿no sabrá el empresario –hostelero, en este caso- qué personal necesita para que su negocio funcione y sea rentable?
Dejemos de crear problemas artificiales, que la situación ya está bastante complicada.