Además, es más que previsible que nuestro destino sea equipararnos en este tipo de normativa, de aquí a unos años, a los países de nuestro entorno, con lo que nuestro futuro pasa por la prohibición absoluta.
Los hosteleros con locales de más de cien metros cuadrados se ven en la disyuntiva de prohibir fumar en todo el establecimiento o acometer obras millonarias que unos años, probablemente, quedarán obsoletas.
Cuando los empresarios protestan contra la discriminación por tamaño de sala y ubicación territorial, la respuesta administrativa parece ser: “Pónganse ustedes de acuerdo y no dejen fumar en ningún local”. Bonita manera de intentar traspasar a los administrados la responsabilidad de aplicar una ley que trata de salvaguardar la salud de unos, pero que restringe las libertades individuales de muchos otros.
En el caso de Italia, las autoridades tuvieron a bien prohibir desde un primer momento fumar en todos los bares y restaurantes. No se sabe si esta medida tendrá en un futuro un coste electoral para el Ejecutivo trasalpino, pero seguro que ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza a los hosteleros de aquel país.
Por otra parte, no debemos olvidar que los camareros de aquellos establecimientos españoles en los que se permite fumar son los únicos trabajadores de este país a los que no se les aplica una de las máximas de una ley vigente: el derecho a que no se fume en el lugar de trabajo.
En España es necesaria una Ley que concrete las obligaciones y derechos de todos los afectados. Si hay que prohibir fumar, que se haga, pero claramente.
