El secretario de Estado de Economía, David Vegara, explica en una entrevista con RESTAURACIÓN NEWS su visión de los temas más candentes que afectan al sector de la hostelería en este momento. Vegara hace hincapié en el carácter coyuntural del aumento de los precios de algunas materias primas, expone las medidas que tanto desde el Ejecutivo español como desde las autoridades comunitarias se están poniendo en marcha para minimizar el impacto en nuestra economía y explica las razones por las que la hostelería no debe repercutir este aumento de precios al consumidor final. El número dos de Solbes en Economía también aborda otros temas como los tipos de IVA reducidos; o la situación de la mano de obra en el sector de la restauración.
Ante la advertencia por parte de distintas asociaciones profesionales de posibles incrementos de precio en productos básicos de la alimentación ¿Cómo cree que van a evolucionar en hostelería? Si crecen ¿terminará afectando a la demanda de la alimentación fuera del hogar?
Una de las características determinantes de los mercados de materias primas es la volatilidad histórica de los precios, atendiendo a factores marcadamente coyunturales y que quedan fuera del control de los agentes que operan en dichos mercados. En el caso de los cereales, este año se ha producido un incremento del precio del trigo que responde a la reducción de la oferta del cereal en los mercados internacionales, debido a una climatología adversa en los países productores.
La subida del precio de los cereales, sin embargo, no justifica necesariamente un incremento paralelo de los precios de los productos alimenticios. De hecho, según los datos del IPC, este aumento del precio de los cereales en los mercados internacionales ha tenido una incidencia limitada y sólo referida a algunos productos alimenticios.
¿Influyen entonces otros factores en la subida de los precios?
Factores como la estructura de costes de los productos, el ciclo de producción, los márgenes de intermediación y, en definitiva, el libre juego de la competencia entre oferentes y demandantes, son los que deben determinar la posible repercusión del aumento de precios del cereal en los importes de los alimentos.
Las autoridades deben velar porque la competencia se ejerza de forma efectiva. Cualquier indicio de colusión para elevar los precios artificialmente, en cualquier nivel de la cadena productiva o de distribución, será atajado en el marco del nuevo diseño de la política de la competencia y de la recién creada Comisión Nacional de la Competencia.
¿También en hostelería?
En los servicios de hostelería y restauración el peso mayor de los costes recae en la mano de obra. Los productos de alimentación son también un input del sector, pero con una importancia más limitada. Aún en el caso de que algunos de estos productos registrasen aumentos de precios, la repercusión en los importes finales del sector debería ser muy moderada.
Pero, evidentemente un incremento de los precios de la hostelería afectará negativamente a la demanda de alimentación fuera del hogar. Ahora bien, si usted me pregunta si estaría justificado un incremento apreciable del precio de la hostelería por la subida el precio del trigo, le tengo que decir, por las razones ya expuestas, que entiendo que no. Confío plenamente en que los agentes del sector hostelero, acostumbrados a estos vaivenes, sepan interpretar esta subida del precio del trigo como tal y opten por una política racional de largo plazo de calidad y mantenimiento del cliente.
Algunos empresarios piden acciones desde el Gobierno. ¿Se puede trabajar en medidas macroeconómicas que ayuden a frenar estas subidas?
El objetivo de la política macroeconómica del Gobierno es situarnos en una senda de crecimiento sostenido y sostenible. En este marco, la política fiscal se dirige a mantener las cuentas públicas saneadas mediante un control de la eficiencia del gasto, como nos exigen nuestros compromisos internacionales. La política monetaria, gestionada por el Banco Central Europeo, tiene como principal misión el control de los precios, para lo que tiene autonomía de decisión y de actuación. Esto, junto con unas políticas estructurales destinadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, debe favorecer el mantenimiento de una situación de inflación contenida, en el medio y largo plazo.
Además, la ley del mercado funciona y, en este caso concreto, la carestía del último año ha producido un incentivo para incrementar la superficie de siembra mundial por parte de los productores, de manera que analistas especializados del sector prevén para el próximo año un record de superficie de siembra en la última década. Por lo tanto, en ausencia de circunstancias climatológicas tan adversas e inusuales como las de este año, muchos analistas están anticipando una rebaja sensible del precio del trigo.
Pero, entre tanto ¿Se han tomado medidas al respecto?
Conjuntamente, en el marco de la Unión Europea, ya se han tomado medidas específicas para ayudar a aumentar la oferta, favoreciendo el crecimiento del cultivo interior y de la importación, con el objetivo último de suavizar los precios.
De hecho, España reclama suspender durante un año los aranceles que gravan la importación de cereales, petición asumida por la Comisión Europea, y, además, ya se ha levantado también por un año la obligación de mantener en barbecho el 10% de las tierras agrícolas. Todo ello hace prever un incremento de la oferta y, por lo tanto, una disminución de las tensiones alcistas de precios.
Así pues, estaría encantado de contestar a estas mismas preguntas el año que viene, pero partiendo de la situación contraria, es decir, de la previsible bajada de precio en el sector hostelero por la disminución del precio del trigo. Si esta entrevista se produjese, sería indicativo de que el sector hostelero español es, como estoy seguro, un sector sano, competitivo y que se mueve ágilmente dentro de las leyes del mercado.
La hostelería francesa está luchando por una homogenización a la baja del tipo de IVA. ¿Se podría sumar España a una medida en este sentido?
En primer lugar, hay que indicar que la fijación de los tipos mínimos de IVA y los bienes y servicios a los que se puede aplicar un tipo reducido debe alcanzarse por un acuerdo unánime de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
La actual situación en relación a la aplicación del IVA se rige por unas normas básicas muy sencillas: las entregas de bienes y las prestaciones de servicios sujetas al IVA se graban a un tipo mínimo del 15% y se pueden aplicar tipos reducidos, que no sean inferiores al 5%, a una serie de bienes y servicios estrictamente tasados.
Sin embargo, estas reglas tan sencillas se complican por la entrada en juego de numerosas derogaciones otorgadas a determinados estados miembros, y no a otros, en las negociaciones de la Directiva sobre Tipos del IVA o en los propios acuerdos de adhesión. Esto es lo que ocurre en España con el sector de la restauración, al que ya se le aplica un tipo reducido del 7%. Francia no puede aplicar tipo reducido a estos servicios, por lo que aplica el general del 19%.
¿Qué postura ha adoptado la UE al respecto?
Dentro de la Unión Europea, ee entiende que esta situación no es la más idónea y hace algún tiempo se inició un proceso orientado a la racionalización (y ampliación en su caso) de la lista de bienes y servicios a los que se les pueden aplicar los tipos reducidos del impuesto.
Nuestro país ha apoyado la necesidad de llevar a cabo este proceso de racionalización, en particular mediante la elaboración de una lista de bienes y servicios que constituya un catálogo idéntico para todos los Estados miembros y dentro del cual éstos puedan elegir aquellos a los que desean aplicar el tipo reducido.
Por ello el Consejo de la Unión Europea requirió en enero de 2006 a la Comisión que presentara un análisis conjunto sobre el impacto de los tipos de IVA reducido en términos de creación de empleo, crecimiento económico y adecuado funcionamiento del mercado interior, sobre la base de un análisis llevado a cabo por un centro de estudios económicos independiente.
En mayo se presentó este estudio, que ha servido de base a la Comisión para presentar en julio una comunicación sobre la materia. El objetivo es abrir un amplio debate en el Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social para conocer todos los puntos de vista antes de lanzar una propuesta sobre tipos reducidos. La Comisión estima que podrá presentar su propuesta a principios de 2009.l
P. Varela
Capacidad de generar empleo
Dado el volumen de mano de obra que emplea el sector en nuestro país, el cierre de establecimientos no sería una buena noticia para los datos de empleo. En una coyuntura así, ¿Cómo cree que absorbería el mercado este remanente de mano de obra?
Mi primera reacción es señalar que esto parece un claro ejemplo de poner la venda antes de la herida y que, además, tiene un cierto toque alarmista que creo que está lejos de la realidad. De hecho, las previsiones macroeconómicas contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 fijan el crecimiento del PIB en 2007 en el 3,8% y en un 3,3% en 2008. Este escenario es coherente con el mantenimiento de la capacidad de creación de empleo, tanto en el conjunto de la economía como en el sector hostelero. También, nuestras previsiones apuntan a una mejora del sector exterior, gracias al buen comportamiento de las exportaciones españolas, entre ellas del sector turístico, y, por tanto, de la hostelería.
Sin embargo, es cierto que el diseño ortodoxo de toda política económica parte de considerar un escenario contingente; es decir, nos planteamos todas las situaciones posibles y diseñamos la política para que sea capaz de dar respuesta adecuada a esas situaciones.
En este sentido, debemos partir de las características del mercado de trabajo del sector hostelero, con intensos movimientos estacionales, (que son inherentes al sector, especialmente en determinadas zonas eminentemente turísticas) y con un nivel de cualificación medio bajo.
Con este escenario, la capacidad de actuación de los empresarios hosteleros es evidentemente elevada, en particular, en cuanto al fomento de la cualificación y la formación. Estas medidas, que acompañarían los permanentes esfuerzos de la Administración en la misma dirección, como todos sabemos, permitirían no sólo reducir el nivel de exposición de los trabajadores a eventuales situaciones de desempleo prolongado, sino elevar la calidad del servicio ofrecido y trabajar en la política de fidelización del cliente. Un producto (o servicio) de calidad, con elevado porcentaje de valor añadido es, en todos los mercados y todos los sectores, un producto (o servicio) rentable. l
