Tras el primer año desde la aplicación de la Ley Rider, el número total de trabajadores del sector delivery sujetos a un contrato laboral se ha duplicado, pasando de 5.464 en mayo de 2021 a 10.980 en agosto de 2022.
El Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, en colaboración con Just Eat, han elaborado el informe ‘Ley Rider, un año después‘, en el que ha analizado el impacto que ha tenido tras su primer año de vigencia.
El informe recoge datos de fuentes oficiales que demuestran este significativo aumento de las contrataciones en el sector y ofrece una comparativa entre los derechos y retribuciones que reciben las personas dentro del modelo laboral frente al modelo del falso autónomo.
La plataforma de delivery Just Eat ha defendido desde el principio su implementación. Y, de hecho, la nueva norma ha tenido un impacto positivo en términos de laboralización de los repartidores. La mejora también ha sido evidente en términos cualitativos, ya que la mayoría de los nuevos trabajadores son de carácter indefinido.
El sector delivery ingresó 2.600 millones de euros en 2021
Su incremento ha sido superior al 167%. Ha pasado de representar sobre el total de trabajadores con contrato laboral del sector, de un 73,42% al 97,78%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En cuanto a facturación, el sector delivery ingresó 2.600 millones de euros en 2021, un 80% por encima de la cifra registrada dos años antes, según datos que aporta NPD Group. Esto demuestra que la Ley Rider no ha repercutido de manera negativa en términos de facturación.
En palabras de José María, director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade y autor del informe: “La Ley Rider responde a la apuesta española por el Humanismo Tecnológico que se recoge en la Carta de Derechos Digitales y busca mejorar la situación de sus profesionales riders. Los datos demuestran que la Ley Rider se ha convertido en un ejemplo de humanismo tecnológico y de garantías laborales para miles de personas repartidoras”.
No hay que olvidar tampoco que la Ley Rider ha supuesto un aumento de ingresos de las arcas de la Seguridad Social, a través del incremento de las cotizaciones empresariales.
Según los datos estimados del informe, la Seguridad Social habría obtenido ingresos adicionales en concepto de cotizaciones empresariales por un valor de más de 4,7 millones de euros.
Aumento de los derechos de los riders
Lo más relevante que ha traído la Ley Rider es que las condiciones legales y económicas de los repartidores han mejorado.
En el caso de Just Eat, los trabajadores contratados tienen un salario garantizado de 15.200 euros al año, por encima del SMI.
Además, se benefician de derechos como el desempleo, subsidio por desempleo para mayores de 52 años, indemnización por despido, cobertura frente a bajas, vacaciones pagadas o medidas de seguridad y formación.
El derecho a desempleo supone que los riders pueden disfrutar de unos ingresos de 700 euros al mes los primeros 181 días, y el subsidio por desempleo para mayores de 52 años les garantiza unos ingresos mensuales de 462 euros hasta la edad de jubilación.
Patrik Bergareche Sainz de los Torreros, director general de Just Eat España: “Desde Just Eat siempre hemos apoyado el cumplimiento de esta ley, pero también somos críticos y hemos querido analizar qué es lo que ha funcionado y lo que no. Por ello hemos querido colaborar con el Foro de Humanismo Tecnológico de Esade en este estudio para aportar todo el conocimiento práctico que tenemos como empresa de referencia en el sector del delivery en España y completar con nuestro ejemplo un informe basado en datos de fuentes oficiales de instituciones relevantes”.
Además, la Ley Rider ha tenido una influencia visible sobre la propuesta de Directiva de la Comisión de condiciones laborales del trabajo de plataformas.
Actualmente, esta directiva se encuentra en el Parlamento Europeo a la espera de ser aprobada por el Consejo, que presumiblemente lo hará durante la presidencia española de la UE.
La normativa propone, por un lado, crear una presunción de laboralidad para todos los trabajadores de plataformas digitales. Y por otro lado, el reconocimiento del derecho de información en el uso de los algoritmos en las plataformas digitales.
